Por violaciones de derechos humanos Estados Unidos sancionó tres militares retirados colombianos

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que notificó sanciones a tres militares retirados colombianos, señalados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado en Colombia.

Se trata del Coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez y el General (r) Iván Ramírez Quintero, quienes, según el Departamento de Estado “no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

“Estamos tomando medidas para promover la rendición de cuentas de tres exfuncionarios colombianos por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia”, se lee en el documento firmado por el Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken.

Blinken aseguró, además, que dicha decisión se tomó para reforzar el “histórico apoyo al Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 y a la JEP”.

Tras la decisión de derogar las visas de militares retirados y prohibir el ingreso a ese país, el Departamento de Estado también extendió dicha medida para cinco de los familiares de los señalados.

El Departamento de Justicia de la unión americana recalcó su apoyo a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), entidad que nació producto de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla desmovilizada de las FARC en 2016.

“La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trabaja para acabar con la impunidad de los delitos relacionados con el conflicto. La JEP integra la justicia reparadora y el reconocimiento con los procesos penales para asegurar que las víctimas jueguen un papel central en todas las etapas del proceso de paz”, indicó.

“Estados Unidos felicita a la JEP por su trabajo vital en apoyo de las víctimas y sobrevivientes del conflicto y continuará trabajando junto con socios colombianos e internacionales para apoyar la implementación total del Acuerdo de Paz de 2016”, se precisa en el comunicado.

Cabe recordar que la JEP rechazó el sometimiento de Ramírez Quintero por no brindar información sobre la retoma al Palacio de Justicia en 1985, cuando fungía como jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX. Además, el general es señalado por su presunta participación en el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica.

Publio Hernán Mejía, entre tanto, es señalado por aliarse con las Autodefensas Unidas de Colombia para realizar ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2004, en el norte del Cesar y sur de La Guajira, que derivó en el asesinato de 75 personas.

A su vez, Juan Carlos Figueroa, quien ingresó al Batallón La Popa en el Cesar en reemplazo de Mejía, es acusado por los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales entre 2004 y 2005.

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