Este martes entró en vigor la polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por la tentativa fallida de secesión de 2017.
La medida, que fue impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para seguir gobernando, podría significar el regreso del expresidente regional Carles Puigdemont.
La ley ahora queda ahora en manos de los jueces, que tendrán dos meses para su implementación, en los que deberán decidir si la ley es aplicable a cada caso.
Aunque la oposición se manifestó en varias ocasiones en los últimos meses, la ley ya fue publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), casi dos semanas después de su aprobación definitiva por el Parlamento español.
Muchos magistrados no han ocultado sus dudas y reticencias ante esta norma que lleva protagonizando el debate político en España desde las elecciones legislativas del 23 de julio.
Luego de que fuera promulgada la ley, al menos integrantes del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) solicitaron que se les aplique.
Entre los solicitantes se encuentra Oriol Junqueras, vicepresidente regional en 2017 cuando el gobierno catalán organizó un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia y acabó proclamando una efímera independencia.
Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y posteriormente indultado en 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez.
Por otro lado está Carles Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española tras el fracaso de la tentativa independentista que lideró cuando presidía el gobierno.
La ley aprobada prevé dejar sin efecto las órdenes de detención, como la que sigue teniendo en su contra, sin embargo, fiscales del Tribunal Supremo estimaron en un informe que el delito de malversación del que se le acusa no puede ser amnistiado.
El texto, que el Partido Socialista (PSOE) negoció con las dos principales formaciones separatistas catalanas, es una de las medidas más controvertidas que ha pasado por el Parlamento desde la llegada de Sánchez al poder en 2018.
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La medida, que fue impulsada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para seguir gobernando, podría significar el regreso del expresidente regional Carles Puigdemont.
La ley ahora queda ahora en manos de los jueces, que tendrán dos meses para su implementación, en los que deberán decidir si la ley es aplicable a cada caso.
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Muchos magistrados no han ocultado sus dudas y reticencias ante esta norma que lleva protagonizando el debate político en España desde las elecciones legislativas del 23 de julio.
Luego de que fuera promulgada la ley, al menos integrantes del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) solicitaron que se les aplique.
Entre los solicitantes se encuentra Oriol Junqueras, vicepresidente regional en 2017 cuando el gobierno catalán organizó un referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia y acabó proclamando una efímera independencia.
Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y posteriormente indultado en 2021 por el gobierno de Pedro Sánchez.
Por otro lado está Carles Puigdemont, quien se instaló en Bélgica para esquivar a la justicia española tras el fracaso de la tentativa independentista que lideró cuando presidía el gobierno.
La ley aprobada prevé dejar sin efecto las órdenes de detención, como la que sigue teniendo en su contra, sin embargo, fiscales del Tribunal Supremo estimaron en un informe que el delito de malversación del que se le acusa no puede ser amnistiado.
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